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miércoles, 25 de abril de 2012

CONCEPTO Y SITUACION DEL FENOMENO DE LA CORRUPCION EN COLOMBIA. UN ESTUDIO DE CASO DE LAS DOS ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DE SANTIAGO DE CALI


CONCEPTO Y SITUACION DEL FENOMENO DE LA CORRUPCION EN COLOMBIA. UN ESTUDIO DE CASO DE LAS DOS ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DE SANTIAGO DE CALI
TUTOR:
Javier Cadavid Ramírez 

ESTUDIANTES:
Horacio Bolaños
Diana Marcela Pipicano Gómez
Natalia Henao Cubillos


“cuanto más se corrompe la Republica,
 Mayor es el número de leyes”
Tácito
 
1. Elementos conceptuales de la corrupción.

En las sociedades modernas el fenómeno de la corrupción es una variable que está íntimamente relacionado con la esfera pública, más que con el ámbito privado, siendo la segunda en muchas ocasiones beneficiaria. La concepción de este fenómeno se relaciona con muchos elementos como la carencia de una ética pública, de una moral desviada del interés general, de acciones que se generan en el ámbito privado y que permean al ámbito público, como los sobornos que se realizan a los funcionarios públicos, el bajo grado de materialización de las normas, la cultura de la ilegalidad en el que se manifiestan ciertos actos de corrupción, entre otros elementos que ayudan a su surgimiento.  En este orden de ideas, este documento intenta acercarse de manera descriptiva a las características relevantes que posee el concepto de corrupción, sus orígenes, las causas por las cuales se produce, el contexto en el que se encuentra Colombia a nivel mundial y nacional en el tema de la corrupción y un estudio de caso en el municipio de Santiago de Cali. Igualmente el documento permitirá tener un panorama fundamental para el perfeccionamiento de la investigación planteada por el semillero Arkhé y aportará significativamente a los debates, reflexiones y posiciones alrededor del fenómeno de la corrupción
El escritor español Ernesto Garzón Valdés, expresa en su libro Poder, Derecho  y Corrupción, que “la corrupción está lógicamente vinculado con el sistema normativo” [1] es decir que concibe la corrupción como un fenómeno que aqueja a los Estados modernos, sin decir que los anteriores no tienen un grado de corrupción, en este sentido y debido a las complejas y confusas normatividades del sistema político, se plantea que algunos estados modernos se hacen más propensos a identificarse como corruptos, sin embargo, para ir más allá del complejo estado y sus normatividad, es necesario centrarnos en los actores quienes están al frente de un cargo de poder político, estos siempre estarán en riesgo de ser sobornados por influencias de otros actores, pero para que haya un grado de corrupción necesariamente deben intervenir por lo menos un actor decisor, es decir, que tome decisiones en asuntos de lo público. Para aterrizar más el concepto, se plantea que “la corrupción es además de un fenómeno, un delito o infracción que implica la violación de una obligación por parte de un decisor”[2]. El acto de corrupción es una “infracción de tipo participativo” es decir, que en el acto participan dos o más personas con capacidad de decidir.
Los planteamientos alrededor de la corrupción están relacionadas con el régimen político, sustentando que dicho factor es un fenómeno de los estados con un grado elevado de “ineficacia y en las arbitrariedades de muchas leyes y reglamentos gubernamentales[3] convirtiendo a los que llevan el timón del Estado  arte y parte de los recursos de todos los asociados.        
Las razones por las cuales la corrupción está relacionada con la normatividad de los estados, se da a raíz de que existen normas muy flexibles y poco efectivas para regular los actos de soborno, en este orden de ideas, los motivos por los cuales se genera este fenómeno, se debe a que “las leyes son poco firmes facilitan los negocios en los círculos internos”[4], igualmente el régimen político necesita de un personal calificado que tome el rumbo de las decisiones y de las acciones del Estado, La corrupción nace a partir de los actos desleales de los diferentes actores del Estado los cuales tienen la capacidad de decidir, igualmente se plantea que la ética juega un papel fundamental en las acciones de los actores decisorios del Estado ante el sistema normativo, la corrupción tiene que pasar en muchas ocasiones por el sobornos convirtiéndose en un elemento fundamental de la corrupción, el fin del soborno es influir en la conducta del sobornado y hace “que la expectativa de un beneficio sólo obtenible a través del acto o actividad corrupta sea que motive la decisión” en este sentido la influencia de otros actores juega un papel relevante en el mundo de la corrupción. Los actores decisorios de la esfera de lo público son los más influenciados para cometer actos delictivos, los que están en la esfera de lo público en muchas ocasiones son sobornados por actores externos con poder de decisión, empresas privadas con capacidad de involucrarse en la esfera de lo público, haciendo que se destinen concesiones para el manejo de particulares, cuando esta situación sucede,  es el Estado en todas sus esferas quien sufre un deterioro sin precedentes, dejando a la deriva toda capacidad de respuesta frente a  las necesidades de los ciudadanos.  
De este modo “los funcionarios públicos mal pagados y sin motivación, son altos los alicientes para ser sobornados[5] dado que en muchas ocasiones los actores son en su mayoría mal pagos, este factor genera inicialmente actos de corrupción. Desde un enfoque económico los funcionarios empiezan a ver que se generan ganancias significativas el cual motiva a aceptar en muchas ocasiones los sobornos, son muchas los beneficios que se obtienen de manera externa[6] a sus obligaciones que hacen que los sobornos vayan aumentando las expectativas y las necesidades de los sobornados, se cree que es debido igualmente a los bajo ingresos, sin embargo, se tiene también en cuenta la avaricia otro de los factores que motiva a los funcionarios a cometer actos de corrupción, generando un motivo más para distorsionar los recursos públicos, cada vez estos pueden influenciar a otros funcionarios socavando sus obligaciones y generando un circulo vicioso de nunca acabar.
En un entorno más político se puede evidenciar que no solo los actores dentro del la esfera de lo público son desleales con sus obligaciones como administradores de lo público, sino que, existen también injerencias de los ciudadanos, electores y no electores, al dejar que los que llevan el timón anden solo el barco, las organizaciones deben remar de manera coordinada, y ética y críticamente de las acciones de los mismos y no como se evidencia en muchas ocasiones en juegos de “Pan y circo” [7], general mente apaciguándose a los regímenes políticos de los Estados modernos.
El objetivo de estos actos de corrupción es “la obtención de beneficios para las partes que participan en el acto” los cuales en su mayoría son te tipo económico, como es de notar la corrupción genera cantidades muy altas para beneficios de particulares, estos actores principales siempre estarán vinculados al sistema o al régimen, porque es desde ahí donde adquieren sus ingresos adicionales violando sus obligaciones, a demás porque el sistema o régimen político se lo va permitiendo, por ello ambos actores coinciden que la corrupción está ligada al régimen político. En términos económicos el fin último de la corrupción es llenar las arcas de los particulares para beneficio propio, afectando directamente la inversión social.
Dichos aspectos generan desequilibrio y la fragmentación del Estado en todas sus ramas por un lado, por otro lado los recursos desviados van a afectar los resultados esperados de beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos, la corrupción se ve como la “punta de un iceberg”[8] convirtiéndose en problema social. La legitimidad de las instituciones pierde en gran medida la credibilidad de los asociados, los efectos sociales pueden ser desastrosos como “las desigualdades, la miseria, la mala salud son endemias en todo el mundo”[9] este fenómeno nunca tenderá a cero, sí es probable mitigar y generar estrategias para evitar la propagación de dicho factor, que dejan sin precedentes la inversión social, siendo muy pocos los recursos para implementar los fines esenciales del Estado, expandiéndose de forma elevada el fenómeno de la corrupción en nuestras sociedades modernas.
Se puede mencionar para dejar abierta la posibilidad de discusión, debate y de reflexión que “La corrupción como un SIDA del Estado en Colombia”[10] es un fenómeno que todos los funcionarios públicos y privados están propensos a ser influenciados y sobornados, dado que existe una baja participación ética y leal con las obligaciones que se tiene como funcionario de un Estado, la corrupción en un Estado moderno, pasa por los intereses de las elites económicas y de la ambición de conseguir recursos extras de manera desmesuradas, generando pobreza, desconfianza y lo más repugnante dejando a los asociados sin posibilidad de acceso a los bienes y servicios que debe destinar el Estado para dar cumplimiento a los fines del mismo, el recorrido es largo para mitigar la propagación del este fenómeno que aqueja a las sociedades modernas para su pleno desarrollo, social, cultural, económico y político.
Se entiende entonces por corrupción todo acto desleal de las obligaciones de los funcionarios que atentan contra un bien común, existiendo un desvío de los recursos del Estado y limitando las garantías de los derechos de los asociados, convirtiéndose así mismo en un flagelo universal generando miseria, deslegitimizad del Estado y entre otros elementos que están al rededor de la corrupción. 
2. La situación de la corrupción en Colombia, una mirada en contexto.
La corrupción administrativa es uno de los fenómenos políticos que en la actualidad aqueja a los países democráticos, a las organizaciones e instituciones del sector público y privado. Es un problema que necesita ser analizado por las entidades que lo padecen, como por las universidades del país, incluida la ESAP, para que, con sus investigaciones, se identifique las causas, efectos y consecuencias de este flagelo de la administración pública que atenta contra el bienestar de la sociedad y le den una alternativa de solución. De acuerdo a los anterior, esta investigación tratará de mostrar la incidencia negativa que este fenómeno ha tenido con respecto a la inversión social en Colombia y particularmente en el Municipio de Santiago de Cali en los años de gobierno comprendidos entre 2000-2007, haciendo énfasis en los informes sobre índices de percepción de corrupción que se presenta anualmente a nivel mundial, nacional y local por ONGs como Trasparencia Internacional y diferentes organizaciones reconocidas que han puesto su interés en el estudio de este fenómeno y lo han seguido de cerca. A continuación se realiza un análisis de la posición que ha ocupado Colombia respecto a estos índices, comparándolo con otros países y estableciendo a nivel interno el lugar que ocupa Cali frente a las ciudades más representativas del país, con el ánimo de establecer la corrupción que padeció Cali, en el periodo mencionado. 
Transparencia Internacional[11] muestra que del año 2002 al 2007, Colombia ha ocupado unos niveles intermedios a nivel mundial respecto a los índices de corrupción, conservando en estos seis años un rango de (3.6-4.0) en porcentajes, siendo 4.0 el mejor resultado obtenido en el año 2005 y en toda su trayectoria, puesto que su calificación es dada de 1 a 10, en donde 1 es la peor calificación y representa el índice más alto de corrupción y diez es la mejor calificación, representando el índice más bajo de corrupción; Así, Colombia ha ocupado los puestos (55-68) de una cantidad diferida de países estudiados de acuerdo a percepciones en corrupción.
Respecto a los otros países se ha determinado que los más corruptos a nivel mundial fueron (2002-2004) Bangladesh (rango, 1.2-1.5), Nigeria (rango, 1.4-1.6), 2004 comenzando por Haití (rango, 1.5-2.2). 2005 Bangladesh, Chad (ambos 1.7), 2006 Haití (1.8), Guinea (1.9), 2007 Somalia, Myanmar (ambos 1.7) y entre los países menos corruptos se encuentra Finlandia, Dinamarca, Islandia, Nueva Zelanda que en estos últimos seis años se han intercalado los puestos ocupando los primeros lugares, con los mejores resultados en un rango promedio de (9.5).

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede deducir los puestos que ocupan los países latinos respecto a los niveles de corrupción en el periodo de tiempo (2002-2007), con el objeto de saber cuáles países son los más corruptos y menos corruptos durante estos últimos años en el hemisferio. Los países que en Latinoamérica se encuentran en el nivel más alto son (2002-2005), Haití ocupando el último lugar con porcentajes de (1.5-1.8), rotándose este lugar con Paraguay, con un rango de (1.6-2.1). En el año (2006-2007) sigue siendo Haití el peor calificado con porcentajes de (1.8-1.6) seguido por Venezuela con (2.3-2.0); en efecto podría decirse que de acuerdo a estos resultados obtenidos por  región, se  califica a América Latina[12] como la más corrupta después de África, esto gracias a los pésimos resultados que Haití ha obtenido en las evaluaciones, quedando de último no sólo a nivel latinoamericano sino a nivel mundial en los índices de percepción de corrupción que Transparencia Internacional adelanta cada año.
Sin embargo, es importante resaltar algunos países de la región que sobresalen  por tener un índice bajo de corrupción. El primer lugar lo ha ocupado Chile durante los seis años comprendidos en el contexto (2002-2007), con un rango en sus porcentajes de (7.0-7.5), en seguida se encuentra Uruguay con un nivel porcentual de (5.1-6.7). Un punto importante es que Colombia estuvo en la mitad de todos los resultados y como muestra, ocupó los puestos de (5 hasta 7) a nivel latinoamericano con porcentajes de (3.6-4.0).
De acuerdo a los informes de Transparencia Internacional sobre la corrupción que se presenta en el mundo, se hizo necesario incorporar este tema en la agenda global, como uno de los problemas más graves que afecta, no sólo a los países en vía de desarrollo, sino a los países industrializados que poseen las democracias constitucionales mas solidas. Ante esta situación se han creado una serie de programas que pretenden combatir este flagelo debido a que el problema es tan dramático que afecta la institucionalidad de los Estados de la siguiente manera: 1. Los estados pierden legitimidad en cuanto a sus acciones, sus fines y propósitos,  por ejemplo, el Estado Colombia pese a que plantea en la constitución “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”[13]. Y más adelante propone que “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y del agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”[14]. Tiene actualmente una situación compleja respecto al manejo y distribución de recursos públicos, empezando por programas institucionales como AIS, en la contratación de vías, en la adjudicación de canales de televisión, entre otros
 
Todo lo anterior indica que se debe hacer un adecuado uso de los recursos públicos para poder cumplir con estos principios fundamentales en donde prevalezca el interés general. 2. La corrupción genera desconfianza y poca credibilidad en las instituciones públicas, todo esto ha sido devastador para nuestro Estado Social de Derecho debido a que la  participación de los ciudadanos no se está llevando a cabo por que las personas no ejercen la ciudadanía exigiendo una rendición de cuentas y además la estructura del “Estado hace complejo y difícil el acceso a la información permitiendo el auge de la corrupción dada su complejidad”.[15]
Los esfuerzos por elaborar  índices de corrupción e investigaciones sobre este tema, no sólo son de Trasparencia Internacional, también hay otras organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación[16], en alianza con la Universidad de Pittsburg, USAID, Centro Nacional de Consultoría (CNAC), que han abordado el tema arrojando unos resultados relativamente parecidos, en donde se dice que Colombia ocupa un tercer lugar después de Costa Rica y Panamá, de ahí,  la necesidad de analizar el fenómeno para encontrar mecanismos que lo regulen.
Estás mismas organizaciones como resultado de una investigación afirman que cada año se pierden 3 billones de pesos en Colombia producto de la corrupción, se asevera también que según una encuesta realizada por la Contraloría General de la República el 64% de los empresarios reconocen que los contactos políticos son destinados para la asignación de contratos con el Estado de los que se paga aproximadamente un 16.3% en sobornos.
En Colombia, “existe el riesgo de que la corrupción desborde la institucionalidad”[17] Esta frase fue pronunciada por el actual procurador Alejandro Ordoñez Maldonado en el foro corrupción transparente, “sofisticación e impunidad” convocado por la Revista Semana y la Auditoria General de la República, el pasado 19 de Noviembre del 2009. El jefe del Ministerio público advierte sobre la urgencia de afianzar el esfuerzo y el compromiso social. Manifiesta que la corrupción es responsabilidad del sector público y privado, y señala tres causas que la alientan: La clases dirigente al fallar como referente social; la débil formación que tiene el ciudadano respecto a los principios éticos y morales necesarios en la sociedad y la variada y fragmentada información que emiten los medios de comunicación. Además indicó que hay 37.255 investigaciones en curso en instituciones públicas, de las cuales el 70% son de corrupción, por lo cual entrego al grupo “Caza Corrupción” la investigación de 200 casos de distintas regiones del país, afirma que esta entidad reporta investigaciones disciplinarias a 774 alcaldes, en ejercicio de sus cargos, 452 fueron sancionados y 12 de los actuales están suspendidos provisionalmente. En cuanto a los gobernadores 31 están siendo investigados y 3 suspendidos de manera circunstancial.  Hay 7.282 procesos contra alcaldes, 32 de gobernadores, mientras 12 alcaldes fueron sancionados. De igual manera la Procuraduría investiga 48.000 funcionarios por corrupción, 800 alcaldes y 30 gobernadores por quejas presentadas por la ciudadanía.

El Procurador Maldonado asegura que durante los 8 meses que lleva desempeñando su cargo 20 personas acudieron a manifestar su deseo de denunciar casos de corrupción con el temor de ser asesinado, es por esto que pide que se busquen mecanismos para brindar seguridad a estas personas. Sostiene estar pendiente de 70 casos emblemáticos de orden nacional, departamental y Municipal con el fin de investigarlos con la mayor celeridad y dar pronta respuesta a la opinión pública.

Ahora bien, El Fiscal[18] (e) Guillermo Mendoza Diago también hizo parte del foro y se refirió al tema sustentando que en un departamento del país estaban comprometidos $26.000 millones por malos manejos, Insiste en que estas irregularidades se presentan a nivel nacional, departamental y municipal, sin excepción en todas las áreas de la administración pública. De hecho comparo a Colombia con Nigeria[19] diciendo que las regalías de petróleo que recibía esa nación, se las gastaron en casinos Europeos para enriquecer a funcionarios y por eso no hubo inversión social.

Por estas razones[20] asegura que no se ha tenido éxito para combatir el flagelo de la corrupción a pesar de los esfuerzos que se realizan, porque aún siguen perdidos los dineros defraudados de la caja nacional y no se detiene el pago de pensiones fraudulentas. Mendoza reconoce que la fiscalía tiene dificultades por falta de un marco normativo  y sólido para frenar el problema, dice que el surgimiento de entidades encargadas de ejercer control, permite al Estado contar con una herramienta eficaz para descubrir casos que vinculen a funcionarios públicos.

Por otro lado el Auditor General de la Nación Iván Darío Gómez[21] señala que en el país se tramitan procesos de responsabilidad fiscal por 290 mil millones de pesos; Además existen 3.795 oficinas de control y 1.202 personerías que no cumplen su papel, por ello dice que es un fracaso las oficinas de control pues hay complicidad de algunos funcionarios de la Contraloría que omiten investigaciones de regalías que destina el Estado a las regiones.

Estas declaraciones  indican que nuestro país necesita urgentemente mecanismos fuertes para contrarrestar este fenómeno que cada día va creciendo. Sería necesario que a la hora de realizar proyectos de inversión social Se tenga  un análisis previo y exacto de las variables que afectan la decisión, para no concluir con obras de baja calidad y con alto costo económico, las cuales representan falta de conciencia y ética  en algunos funcionarios públicos por no tener en cuenta la función planificadora, buscando unos resultados inmediatos sin pensar en las consecuencias que esto trae.

 Es bien es sabido que la corrupción tiene unas causas, algunas de ellas son: una cultura de ilegalidad, situación difícil de erradicar. La falta de control de los mismos ciudadanos, la politiquería, fallas de control fiscal por parte de las entidades competentes, fallas administrativas, deficiente calidad, fallas de contratación, violando procedimientos establecidos para satisfacer intereses personales pasando por encima de las necesidades y derechos de los ciudadanos que depositan su confianza en el funcionario desde el momento que lo eligen como representante.

Las causas anteriores pueden llevar a que se haga un mal uso de los recursos económicos y que la imagen de los funcionarios tenga muy poca credibilidad frente a los ciudadanos, que se pierdan las ideas innovadoras y  que todo se siga haciendo de la misma manera dejando de lado los intereses colectivos y el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.
3. Un estudio de caso de las dos últimas administraciones municipales de Santiago de Cali.
Desde una perspectiva más local, el Municipio de Santiago de Cali se ha visto afectado por actos de corrupción que debilitan la gestión y los alcances que puedan tener algunas políticas públicas, todo esto desplegado con Mayor incidencia en las dos últimas administraciones,  teniendo como  causa  la falta de responsabilidad de los actores políticos frente a las funciones adquiridas con el sector público, por esto es de vital importancia mencionar, que Cali fue catalogada como una de las ciudades más corruptas del país en este periodo de tiempo, teniendo en cuenta una encuesta realizada a empresarios encargada por Confecámaras, que proyecta unos resultados, diciendo que el valor mayoritario de  soborno está en Barranquilla, con 14.63%, seguido por Cúcuta con el 13.19%, y luego Cali con 12.99%[22].
En los resultados obtenidos de acuerdo a la honestidad de las alcaldías en una calificación dada sobre 5 y en una clasificación de 15 ciudades, la ciudad de Cali obtuvo en el año 2000 un puntaje de 1.37, en el 2002 (2,23) y en el 2004  mejoro en (1,1) teniendo como puntaje (3,33). De otra parte las peores calificaciones en el 2004  se las lleva Medellín con (1,78) en segundo lugar Barranquilla (2,05), seguida de Villavicencio (2,23) e Ibagué (2,29).
Siguiendo con lo anterior, el gobierno 2004-2007 encabezado por el alcalde Apolinar Salcedo fue señalado por la comunidad caleña como uno de los periodos más críticos, dado que se presentaron múltiples escándalos de corrupción que involucraron miembros del gabinete municipal, todo esto publicado en anuncios de periódicos que durante la administración iban saliendo, provocando escándalos públicos y preocupación por parte de la comunidad caleña al darse cuenta que algunos recursos destinados para inversión social  se estaban desviando, dejando de esta manera desamparada a muchas personas que deberían gozar de este capital.
De esta manera, en el año 2008 se realizó una encuesta[23] para medir el nivel de percepción de los caleños desagregando los resultados por el nivel socioeconómico de las personas entrevistadas, es así como se obtiene que el 29.3% señala al Congreso de la República como el más corrupto,  expresado por el  43.5% personas de estrato medio y  33,3% estrato alto.
Añadido a esto el 65.7%  de los caleños tiene mala imagen de esta entidad, ya que el 22.3% dijo que su opinión sobre la institución empeoro en el último año y solo el 4% del total cree estar representado por el congreso. Aunque en algunas investigaciones como las realizadas por Confecámaras se afirme que los concejales tienen alto nivel de incidencia en los casos de corrupción solo el 5.7% los califico de corruptos esto emitido por el 11%  personas de estrato alto y 7% personas de estratos medios. Los caleños también califican a la policía nacional con un 26% en percepciones de corrupción, esto afirmado por el 31.1% de estratos bajos y el 11.1%  estrato alto.
En el sentir de los caleños en 4.3%  de los caleños está de acuerdo en que la gobernación del valle se presenta un alto índice de corrupción, todo esta concepción esta por su mayoría en el estrato bajo ya que en el alto no se hacen cuestionamientos sobre este tema. Emsirva de acuerdo a sus percepciones de corrupción obtuvo un 22.2% en personas de estrato alto y 21.1% de personas de estrato medio. Los ciudadanos también tuvieron en cuenta la fuerza pública, el 4.7% está de acuerdo en pensar que en el ejercito se presenta un mayor grado de corrupción, esto señalado por el 10.5% de estrato medio y 8.2% personas de estrato bajo debido que en los sectores de ingresos altos consideran a el ejercito con un alto nivel de transparencia. En conclusión la entidades percibidas con mayor índice de corrupción son el Congreso de la República y la Policía Nacional, las de menor incidencia en la integridad de sus actos Emcali con el 4.0% y la asamblea del valle con un 0.7%[24].
Para evidenciar la magnitud de las desvíos de capital público, se mencionan algunos de los casos más destacados, ampliación de cobertura[25] en donde la contraloría encuentra irregularidades y pide al Alcalde Apolinar Salcedo suspender a ocho funcionarios de la secretaria de educación de su cargo incluyendo al propio secretario de educación; En respuesta a este suceso El Contralor Municipal Jorge Portocarrero afirma  “No se puede jugar de esta manera con la plata de los pobres” ya que el monto del patrimonio perdido asciende a $2.290 millones.
Dentro de las irregularidades encontradas se tiene el hecho de asignar cupos superiores a los subsidios ofertados y por asignar subsidios a personas mayores de 16 años cuando esto no está permitido, incluso a la gente de la tercera edad; El hecho de que 1369 subsidios fueron entregados a menores de estratos 3, 4,5 y hasta 6 cuando estos son para los estratos 1 y 2. La contraloría también encontró que parte del dinero recibido se destino para la compra de lotes, remodelaciones locativas, construcción de oficinas, compra de equipos de computo, instrumentos musicales para banda marcial, también fueron destinados en algunas instituciones para pagar arriendos, refrigerios, almuerzos, comidas para docentes, comprar acuarios, pagos de celular y cancelar intereses por prestamos de particulares.
El tema de la PTAR[26] fue otro caso importante el cual genero procesos de investigación fiscal, se inicio el 10 de agosto de 1997 a un costo de $153.882 millones y un plazo de ejecución de 36 meses; antes de comenzar su ejecución suscitó sobrecostos en la parte de adecuación del terreno. Los documentos de los investigadores de la contraloría señalan que el detrimento patrimonial en la ejecución de todo el proyecto superó los $40.000 millones, los cuales se debían destinar para el Sistema Integral de Transporte Masivo, todo esto porque se hicieron contratos innecesarios; Emcali acepto clausulas desventajosas, una de ellas el hecho de reconocer intereses de mora a los contratistas y debido a esto por 14 días se tuvo que pagar $91.000.000.Despues de esto se asumió un costo de $4.079 millones en Octubre del 2000 para incrementar la eficiencia de la PTAR por medio de el tratamiento primario avanzado (TPA), sin tener buenos resultados ya que este genera lo mismos efectos con o sin su uso. El valor de los químicos representó el 40% de los gastos del  PTAR que debieron ser asumidos por los caleños.

Por las anteriores razones la ciudad de Santiago de Cali ha tenido que soportar todo tipo de infracciones por parte de funcionarios públicos que ponen por encima los intereses particulares sobre los generales, como resultado de todos estos escándalos, finaliza la administración con la destitución[27] del alcalde Apolinar Salcedo responsable de avalar la firma de un contrato millonario e irregular entre la Administración Municipal y la Unión Temporal Sí Cali, el cual otorgaba a esta última la administración de los impuestos de Cali. “En teoría, la firma privada habría sido la única en presentarse a la licitación; no obstante, la empresa no cumplía con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros para manejar el tema de impuestos”. Así pues, la Procuraduría también decidió inhabilitar a Apolinar por 14 años para ejercer cargos públicos, dejando a la administración municipal con una imagen desfavorable ya que en este corto periodo de gobierno el alcalde tuvo que enfrentar varios escándalos debido a que muchos de sus colaboradores resultaron implicados en casos de corrupción y manejo inapropiado de recursos públicos.

Además de los casos presentados en el año 2004-2007, hubo uno de gran importancia desarrollado en la administración 2001-2003 en cabeza del alcalde Jhon Maro Rodríguez[28] el cual fue acusado por el tema de Irregularidades por violación al principio de transparencia y selección objetiva por el señor Elías Gerardo Cuellar, el 4 septiembre del 2002, con fecha en los hechos de 2001. En un fallo de primera instancia de la Procuraduría general de la nación se expresa que "El funcionario es responsable de designar en el 2001 a MARCO AURELIO RAMÍREZ ROJAS, con el objeto de prestar sus servicios profesionales en asistencia y asesoramiento por un valor de $ 48.000.000 por el término de 8 meses contados a partir del 26 de abril de 2001 (fl 2 cuaderno ppal.), sin la certificación previa de no existir personal de planta para desempeñar el cargo; sin cumplir con los requisitos que demanda la selección objetiva, en especial, sin demostrar que no había en el mercado otras personas con las calidades que ostentaba el seleccionado, y sin que el contratista tuviera título profesional ni demostrara experiencia documental o certificada para el desempeño de las labores encomendadas.
Tal contrato no estuvo precedido por un análisis o determinación formal que expresara que las labores contratadas no podían desempeñarse por personal de planta de la entidad y por consiguiente no se acreditó dicha situación, con lo cual se desatendieron los requisitos establecidos por la Ley para proceder a tal contratación". En materia contractual, el legislador ha delineado los parámetros dentro de los cuales debe desenvolverse el servidor público y, en ese orden, el artículo 209 de la Constitución Política señala que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...". Añade también que "las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado."

El Estatuto Contractual, que se constituye en el marco normativo de esa función, como quiera que consagra las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todos los contratos, es de aplicación general y obligatoria observancia por todos los entes y organismos estatales de las distintas ramas del poder público, en sus diferentes niveles.
En ese orden, y como los procedimientos de selección objetiva participan de la naturaleza de los procedimientos administrativos, la ley 80 de 1993 es muy estricta en definir fases preclusivas y perentorias que garantizan la participación, la contradicción, la evaluación, la observación y como resultado de lo anterior, de la adjudicación y, en general, todos los principios de la actuación administrativa. De lo expuesto se colige que, como cualquier actividad estatal se caracteriza por la satisfacción del interés público o de las necesidades colectivas, irrefutable resulta concluir que tanto la fase previa a la celebración de un contrato como la suscripción misma de este, en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a esa máxima, sin que exista razón ninguna para no predicar de todos los contratos celebrados por el Estado los mismos principios. Como resultado se dio fallo en la procuraduría, declarándolo disciplinariamente responsable  por los comportamientos analizados en ese proceso, cobrando una multa correspondiente a 60 días de salario devengados en la época que acaecieron los acontecimientos objeto de reproche, los cuales equivalen a la suma de $7.022.130,00[29].

En conclusión,  en la corrupción[30] se pierden buenos montos que serían destinados para fines sociales como por ejemplo en elución y evasión 3% del PIB,  en manos privadas un 3.3%, deducciones y prebendas un 2.5%, arrojando un 8.8% del PIB[31], que podría garantizar para algunas personas salud, educación, ayudas a las personas de la tercera edad y desplazados. Además en la percepción de las instituciones, la peor  calificación la tienen los partidos políticos, consejo nacional electoral, congreso con énfasis también en sistemas de justicia y control, cortes y contralorías[32], se puede inferir que hay una necesidad de implantación de políticas que obliguen a los funcionarios a rendir cuentas de sus accionares para que demuestren que el compromiso adquirido con su comunidad,  si se está llevando a cabalidad, interactuando con ellos y dándoles a conocer los objetivos propuestos en  pro del bienestar colectivo. No basta con que se firmen protocolos de acuerdo para la licitación pública y la contratación directa, de esta manera adquiriendo un compromiso anticorrupción, aunque se reconoce que este tipo de acciones benefician a la comunidad ya que de esta manera tienen un poco de acceso a la información.

No obstante es necesario que los mismos ciudadanos acojan la cultura de pedir rendición de cuentas y de exigir sus derechos, esto debido a que las normas sólo están escritas formalmente pero no se cumplen. De ahí que, La corrupción en la administración pública[33] se comete por que el autor del delito sabe que la justicia es débil, flexible y en ocasiones permisiva en el escarmiento, y que en lugar de reproche social, este puede recibir respeto y admiración. Es por esto que la gravedad del delito no consiste tan solo en la lección que causa el funcionario público  a la sociedad privando al Estado de mejorar los servicios esenciales a favor de la colectividad, sino que esta lección trasciende al campo social actuando como un virus corrupto que contamina a las nuevas generaciones.
Es una especie de inductor de comportamiento delictivo y es así como los empleados de menor rango cometen peculado, soborno los cuales justifican manifestando apuros económicos, dificultando sustentar porque entonces los grandes ladrones se dan aires de honorabilidad cuando amasan grandes fortunas permaneciendo en la impunidad. Se debe tener en cuenta que el principio de trasparencia en la función pública constituye una característica esencial del sistema republicano de gobierno y en consecuencia, un imperativo constitucional así, la corrupción al igual que la honestidad desciende de las más altas jerarquías administrativas a los sectores inferiores.



BIBLIOGRAFIA

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[1] CARBONELL,  Miguel. Poder Derecho y Corrupción. Buenos Aires Argentina:  Editorial XXI, 2003
[2] Ibid. P. 23
[3] ROSE ACKERMAN, Susan La Corrupción y los Gobiernos. España. Editorial siglo veintiuno. 2001. Pag 34
[4]  GARZÓN VALDÉS, Ernesto, Poder Derecho y Corrupción. Buenos Aires Argentina:  Editorial XXI, 2003
[5] ROSE  Op. Cit,. P. 11
[6] VALDÉS GARSÓN. Op. Cit,. P. 27
[7]  La vieja fórmula de los emperadores más corruptos del Imperio Romano sigue teniendo vigor merced a la democracia imperante. Ver. Historia Romana.
[8] VALDÉS GARSÓN. Op. Cit,. P. 44
[9] Ibíd., P. 1
[10] http://www.anticorrupcion.gov.co/rss/nota.aspx?id=159
[11]   http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. TRANSPARENCY INTERNATIONAL. The global coalition against corruption [en línea

[12] NOTICIAS DOT.COM. América Latina es una de las regiones más corruptas del mundo, según Transparencia Internacional [En línea]

[13]CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1991, Actualizada hasta el Decreto 2576 del 27 de Julio de 2005.

[14] C.P.C. Art 366.

[15] CONFECAMARAS. Probidad III,  encuesta sobre percepción empresarial sobre corrupción. Bogotá D.C: Confecámaras, 2004.
[16] INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACION (IPC).”La verdad sea dicha”: la corrupción generalidades, [video] agosto 18- 2005.
[17] Procuraduría. Existe riesgo que la corrupción desborde la institucionalidad.[En línea]http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2009/noticias_651.html. [Citado el 20 noviembre del 2009].

[18] Corona, Alberto. Colombia Pierde la batalla contra la corrupción. Noticias de prensa latina [19 nov. 2009]
[19] País Ubicado en África siendo esta la región más corrupta  a nivel  mundial, obteniendo puntajes de (1.6-1.9) en la mayoría de los índices de cada año.

[21] Corona, op.cit.19 nov. 2009
[22] . CONFECAMARAS. Probidad III, Op, cit., pág.8

[23] Percepción sobre el nivel de la corrupción [en línea]

[24] Percepción sobre el nivel de la corrupción, op.cit.jun.2008

[25] Contraloría Municipal. Piden intervenir cobertura. En: El país, Cali: (20 de octubre del 2005).


[26] -Oscar Javier Gamboa. A Cali las obras le salen muy costosas. En: El país, Cali: (6 de abril del 2003)
. Un carrusel de investigaciones. En: El país, Cali: (19 de junio 2002); p. A2.
PTAR: plan de tratamiento de aguas residuales

[27] . Apolinar salcedo es destituido por los continuos escándalos.
http://www.latinolevante.com/noticia.php?id=4751[Citado el 18 de Mayo del 2007.]

[28] Fallo 92569 de 2005, Procuraduría General de la Nación [Fecha de Expedición 03/11/05].
[29]. Fallo P.G.N. Op.Cit.

[30] . (IPC),Op. Cit.

[31] Luis Jorge Garay Salamanca es uno de los economistas colombianos más destacados en la historia nacional. Este economista se graduó en el año de 1970 como ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. En esta misma universidad hizo sus estudios de maestría en economía, los cuales culminó en el año de 1971. Posteriormente, realizó un doctorado en economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, Massachussets (Estados Unidos).
[32] . (IPC),Op. Cit.
[33] Diario Oficial No. 41.878, de 6 de junio de 1995

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